Es un hecho que hoy el centralismo también está influyendo sobre el bienestar de las personas, y el ejemplo más claro es que no da lo mismo habitar Santiago que vivir en áreas rurales o en una ciudad medianamente urbanizada de nuestra geografía. El lugar donde chilenos y chilenas nacen, crecen, viven y trabajan está, definitivamente, determinando sus oportunidades de progreso y movilidad social.
“Más poder para las regiones» fue uno de los compromisos de campaña electoral que más eco levantó en sus recorridos fuera de Santiago. Avanzar en la descentralización del país, una de las 50 medidas a poner en marcha durante los 100 primeros días de su gobierno. Y ahora, la senda continúa con el reciente anuncio presidencial que crea la Comisión Asesora para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Pareciera así, que la nueva administración está decidida, por lo menos en lo propositivo, a poner coto al centralismo sin medida que campea en Chile. Si al cabo de los seis meses de trabajo, los 30 miembros de trayectoria y experiencia designados, consiguen generar las bases para impulsar el cambio, además de las condiciones o acuerdos para su aplicación efectiva en los territorios, entonces podríamos estar asistiendo a los primeros pasos de una reforma mayor de nuestra política regional.
Al firmar el decreto que creó la comisión, Bachelet volvió a insistir en que no hay desarrollo posible si no es con las regiones, pues junto a las consideraciones económicas o administrativas que puedan desprenderse desde ahí, el sentido de la aseveración alude a la desigualdad persistente en el Chile del nuevo milenio. Porque es un hecho que hoy el centralismo también está influyendo sobre el bienestar de las personas, y el ejemplo más claro es que no da lo mismo habitar Santiago que vivir en áreas rurales o en una ciudad medianamente urbanizada de nuestra geografía. El lugar donde chilenos y chilenas nacen, crecen, viven y trabajan está, definitivamente, determinando sus oportunidades de progreso y movilidad social.
Las dos últimas décadas fueron prodigas en debatir y levantar propuestas para desconcentrar el aparato público central o la transferencia de recursos públicos condicionados, sin embargo, en la práctica acabaron siendo iniciativas relevantes que poco margen han dado a la capacidad de decisión de los actores territoriales, lo que finalmente termina acentuando la desigualdad en todos sus aspectos, y transformando a las regiones en simples depositarios de decisiones del poder central. Tal como evidenció la urgencia generada por el terremoto en el Norte Grande. “¿Qué hemos visto en estos días? –sentenció la Jefa de Estado– Que cuando hay un país muy centralizado, las ayudas y la recuperación de las personas afectadas tarda más”.
Es por eso que optar en serio por una instancia que garantice representatividad y fomente la discusión participativa de las regiones y en las mismas regiones, representa la voluntad política de un programa de gobierno que reconoce tareas pendientes en la regionalización efectiva. Si somos optimistas –como queremos mantenernos esta vez– y no buscamos la letra chica a la que Piñera nos acostumbró, entonces podemos creer que las regiones hoy sí están siendo escuchadas. Al recoger la descentralización como parte de su agenda de compromisos y al instalar, a menos de un mes de estadía en La Moneda, la búsqueda de soluciones en la formación de una comisión marcada por la diversidad ideológica y regional de sus miembros, el gobierno ha trazado una ruta que no debiera conocer de velocidades neutras o reversas. Especialmente porque como exige su mandato, los expertos convocados tendrán que abordar, no solo medidas específicas capaces de fomentar el desarrollo regional y democratizar las oportunidades, sino también definir las responsabilidades concretas a ser traspasadas a la institucionalidad regional mediante un cronograma.
El desafío es titánico y las expectativas muy altas, pues éste constituiría el punto de inflexión en la descentralización y la cohesión de los territorios que podría cambiarle la cara a Chile. Relevante entonces en esta fase serán las recomendaciones y los resultados de la evaluación del Programa Apoyo a la Gestión Subnacional (AGES) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está en marcha por estos meses. Si bien la iniciativa fue impulsada con fuerza en 2007, como una instancia asociada a la instalación de capacidades y competencias en los gobiernos regionales y generación de modelos de gestión territorial para la profundización de la descentralización, en sus últimos cuatro años de ejecución, el programa inclinó más su apoyo hacia la promoción de la innovación y la competitividad regional, coincidiendo con el bajo el nivel de cumplimiento de la administración saliente en materia de descentralización y modernización del Estado.
En esa línea, la sistematización de los resultados y las sugerencias que se desprendan de este estudio aportarán insumos relevantes tanto para el impacto de futuros tramos del programa, como para aventurar un cambio institucional en el trato hacia las regiones. Y por qué no, también en el propósito final de la comisión asesora.
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