Bajo el umbral de un nuevo trato hacia las regiones

Es un hecho que hoy el centralismo también está influyendo sobre el bienestar de las personas, y el ejemplo más claro es que no da lo mismo habitar Santiago que vivir en áreas rurales o en una ciudad medianamente urbanizada de nuestra geografía. El lugar donde chilenos y chilenas nacen, crecen, viven y trabajan está, definitivamente, determinando sus oportunidades de progreso y movilidad social.

“Más poder para las regiones” fue uno de los compromisos de campaña electoral que más eco levantó en sus recorridos fuera de Santiago. Avanzar en la descentralización del país, una de las 50 medidas a poner en marcha durante los 100 primeros días de su gobierno. Y ahora, la senda continúa con el reciente anuncio presidencial que crea la Comisión Asesora para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Pareciera así, que la nueva administración está decidida, por lo menos en lo propositivo, a poner coto al centralismo sin medida que campea en Chile. Si al cabo de los seis meses de trabajo, los 30 miembros de trayectoria y experiencia designados, consiguen generar las bases para impulsar el cambio, además de las condiciones o acuerdos para su aplicación efectiva en los territorios, entonces podríamos estar asistiendo a los primeros pasos de una reforma mayor de nuestra política regional.

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Al firmar el decreto que creó la comisión, Bachelet volvió a insistir en que no hay desarrollo posible si no es con las regiones, pues junto a las consideraciones económicas o administrativas que puedan desprenderse desde ahí, el sentido de la aseveración alude a la desigualdad persistente en el Chile del nuevo milenio. Porque es un hecho que hoy el centralismo también está influyendo sobre el bienestar de las personas, y el ejemplo más claro es que no da lo mismo habitar Santiago que vivir en áreas rurales o en una ciudad medianamente urbanizada de nuestra geografía. El lugar donde chilenos y chilenas nacen, crecen, viven y trabajan está, definitivamente, determinando sus oportunidades de progreso y movilidad social.

Las dos últimas décadas fueron prodigas en debatir y levantar propuestas para desconcentrar el aparato público central o la transferencia de recursos públicos condicionados, sin embargo, en la práctica acabaron siendo iniciativas relevantes que poco margen han dado a la capacidad de decisión de los actores territoriales, lo que finalmente termina acentuando la desigualdad en todos sus aspectos, y transformando a las regiones en simples depositarios de decisiones del poder central. Tal como evidenció la urgencia generada por el terremoto en el Norte Grande. “¿Qué hemos visto en estos días? –sentenció la Jefa de Estado– Que cuando hay un país muy centralizado, las ayudas y la recuperación de las personas afectadas tarda más”.

Es por eso que optar en serio por una instancia que garantice representatividad y fomente la discusión participativa de las regiones y en las mismas regiones, representa la voluntad política de un programa de gobierno que reconoce tareas pendientes en la regionalización efectiva. Si somos optimistas –como queremos mantenernos esta vez– y no buscamos la letra chica a la que Piñera nos acostumbró, entonces podemos creer que las regiones hoy sí están siendo escuchadas. Al recoger la descentralización como parte de su agenda de compromisos y al instalar, a menos de un mes de estadía en La Moneda, la búsqueda de soluciones en la formación de una comisión marcada por la diversidad ideológica y regional de sus miembros, el gobierno ha trazado una ruta que no debiera conocer de velocidades neutras o reversas.  Especialmente porque como exige su mandato, los expertos convocados tendrán que abordar, no solo medidas específicas capaces de fomentar el desarrollo regional y democratizar las oportunidades, sino también definir las responsabilidades concretas a ser traspasadas a la institucionalidad regional mediante un cronograma.

El desafío es titánico y las expectativas muy altas, pues éste constituiría el punto de inflexión en la descentralización y la cohesión de los territorios que podría cambiarle la cara a Chile. Relevante entonces en esta fase serán las recomendaciones y los resultados de la evaluación del Programa Apoyo a la Gestión Subnacional (AGES) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está en marcha por estos meses. Si bien la iniciativa fue impulsada con fuerza en 2007, como una instancia asociada a la instalación de capacidades y competencias en los gobiernos regionales y generación de modelos de gestión territorial para la profundización de la descentralización, en sus últimos cuatro años de ejecución, el programa inclinó más su apoyo hacia la promoción de la innovación y la competitividad regional, coincidiendo con el bajo el nivel de cumplimiento de la administración saliente en materia de descentralización y modernización del Estado.

En esa línea, la sistematización de los resultados y las sugerencias que se desprendan de este estudio aportarán insumos relevantes tanto para el impacto de futuros tramos del programa, como para aventurar un cambio institucional en el trato hacia las regiones. Y por qué no, también en el propósito final de la comisión asesora.

¿Hay avances en las capacidades I+D de las regiones?

Es reconocido el papel gravitante que hoy ejercen, la ciencia y la innovación sobre el crecimiento económico de los países. De hecho, la evidencia empírica internacional –apoyada en las experiencias de Finlandia, Australia, China o Brasil– demuestra que existe una relación directa entre mayores niveles de inversión y desarrollo tecnológico; y mejores índices de productividad, competitividad, desarrollo sostenible o incluso, calidad de vida de una sociedad.

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En el año de la innovación, Chile se ha propuesto el desafío de doblar el actual gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), hasta alcanzar una inversión de 0,8% del PIB a 2018. Cifra superior al promedio iberoamericano  de 0,55%, pero aún lejos del 2,4% que ostentan las naciones de la OCDE. Para un país que destina US$ 62 al año en investigación por habitante (2012), llegar a graduarse como una economía del conocimiento es, sin cuestionamiento, un objetivo de largo aliento.

Aunque modesta, la meta no es menor, porque implica un esfuerzo país que debiera partir por integrar a una comunidad científica y académica desplazada hace rato del debate; y luego, definir transformaciones mayores para modernizar una institucionalidad con cuatro décadas de vigencia. En ese contexto, resulta evidente el desafío de conciliar compromisos público-privados que promuevan el tránsito hacia políticas de largo plazo e inversiones capaces de sumar, especialmente a las regiones, a la actividad de investigar, generar y/o difundir ciencia y tecnología. Porque sin el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales, se reducen también, las posibilidades de equilibrar una balanza que hoy, inclina más recursos a investigación aplicada y desarrollo que a investigación pura, que en definitiva, es la que aporta la visión profunda, ilimitada y con perspectiva de futuro que permite la realización de la primera y contribuye al desarrollo humano.

Sin embargo, es un hecho que la mayoría de las regiones no producen conocimiento propio de calidad y pertinente a sus particulares procesos de crecimiento y vocaciones productivas. Incluso, dado el centralismo reinante, no es extraño constatar que cerca del 70% de los documentos científicos de factura nacional proceden de las universidades de la Región Metropolitana. Y eso es así, en parte, porque en general, son ellas quienes tradicionalmente generan en forma directa, más del 87% de la ciencia con visibilidad internacional producida en Chile. Lo que también demuestra la alta concentración de la investigación y la divulgación de resultados en la academia.

Al mismo tiempo, el hecho que hoy, una tajada importante de la inversión en I+D continúa siendo asumida por el Estado, no significa que las regiones sean más favorecidas, pues ejecutan muy poco del gasto total. De acuerdo a los datos proporcionados por la 2° Encuesta sobre Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo (2012), la región del Bíobío absorbe apenas 10% de los aportes y Valparaíso un modesto 8%, instalándose a una distancia considerable del 53% que se queda en Santiago. Sin ir más lejos, el año pasado, el Programa Regional en Ciencia y Tecnología de Conicyt dio a conocer un informe que entregó información relevante acerca del grado de desarrollo de todas las regiones en ciencia, tecnología e innovación; y nuevamente, resultó ser Santiago la zona con las mejores capacidades de potencial regional, input (inversiones e infraestructura) y output (resultados y difusión). El resto, solo consiguió parámetros muy heterogéneos en cada uno de los indicadores, o niveles medios en la generación de estrategias locales para el desarrollo tecnológico.

Aunque lento, algo hemos avanzado. La entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D podría significar un impulso a la inversión de las empresas en territorios donde ciencia e innovación estén mejor representadas o bien, transferir recursos para mejorar la productividad de los sectores de la economía con mayores fortalezas y potencialidades en estas actividades. Claro eso sí, la investigación necesaria para generar y aplicar tales conocimientos requiere tanto de infraestructura, instalaciones e instrumental cada vez más complejos y de elevado costo; como de profesionales altamente capacitados repartidos por toda la geografía. Si no se cuenta con esos insumos, es muy difícil hacer investigación en la frontera del conocimiento. Y quien primero debe entenderlo así es el Estado.

En esa línea, desde 2008 la política pública chilena contempla la provisión de recursos de decisión regional dentro del denominado “Fondo de Innovación para la Competitividad” (FIC Regional), cuya ejecución es liderada por el mismo Programa Regional de Conicyt que ocho años antes, sentó las bases para promover y fortalecer las capacidades de investigación e innovación en áreas pertinentes al desarrollo regional. Ambas iniciativas han perseguido aumentar y encauzar la actividad de manera descentralizada, a objeto de morigerar la concentración desproporcionada –que existía y aún persiste– entre centros e institutos tecnológicos, universidades y empresas de la Región Metropolitana.

¿Ha sido adecuado para dotar de capacidades I+D a las regiones? Ciertamente hay un camino recorrido que no podría  ser apreciado en su real envergadura y dirección, sin antes conocer y medir sus efectos en la investigación e innovación locales. Acertado o no, algo se ha conseguido impulsando la expansión territorial de la distribución de recursos financieros y materiales mediante concursos para el equipamiento científico y la creación de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico a lo largo de Chile. En todos estos años, el Estado aportó al financiamiento de una treintena de proyectos de infraestructura, capacitación de capital humano y 14 centros de investigación –con ejecución vigente en doce regiones– en áreas tan diversas como química aplicada, acuicultura, genómica vegetal, historia, ingeniería de procesos o biotecnología.

Transcurrido ya un tiempo prudente, y a la luz de la atenta espera de la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial responsable de formular una nueva institucionalidad para la ciencia, es momento de analizar lo avanzado en relación a los objetivos trazados y al rol jugado en el fortalecimiento y desarrollo científico-tecnológico regional. Y también, por qué no, dar un paso más allá y redefinir la manera cómo la experiencia acumulada podría a futuro, articularse o dialogar –desde una perspectiva institucional– con las ofertas de instrumentos de gestión y planificación regionales derivados de un posible cambio en la estrategia de crecimiento del país, mayor gasto público o el diseño de estímulos eficaces para la inversión privada en investigación, desarrollo científico e innovación. Mientras tanto, fuera de los límites metropolitanos, Chile espera.

Por Luis Bertoglia, investigador

Columna publicada por El Quinto Poder en mayo de 2013

La otra educación

Es la educación de la que prácticamente nadie habla. Ni siquiera aparece en el debate sobre calidad y equidad que cruza todos los sectores políticos y demandas ciudadanas del último tiempo. En un año marcado por la carrera hacia La Moneda tampoco forma parte de los lineamientos de los programas de gobierno de los precandidatos presidenciales, que han centrado las definiciones y políticas sobre educación, por lo menos comunicacionalmente, en torno a discusiones sobre lucro, gratuidad y financiamiento.

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En el marco del movimiento estudiantil que viene avanzando desde 2011 casi sin interrupciones, y los debates que los secundarios levantaron alrededor de su propuesta de calidad y equidad en el sistema escolar; vale la pena detenerse para llamar la atención sobre lo que está sucediendo hoy con nuestra educación rural. Basta con solo agudizar un poco la mirada para notar que ésta continúa siendo un aspecto de la educación chilena invisibilizado de los diagnósticos, demandas y ejes de política pública que se han estado discutiendo desde hace dos años.

Pero para comprender, es necesario informarse. Para despertar, al menos la inquietud de quienes piensan y hacen la educación en Chile, es importante aportar con antecedentes que reafirmen la causa. Vamos por parte entonces. Según datos del Ministerio de Educación (Mineduc), 64% de los establecimientos del país se ubica en zonas urbanas y 36% en zonas rurales. Estos últimos acogen a solo un 9% de la matrícula total, porcentaje que baja a 4% en la enseñanza media. Y es aquí, al profundizar, cuando comenzamos a preocuparnos, porque aun cuando las cifras de matrícula en zonas rurales sean y parezcan menores, tras ellas se esconden realidades discursivamente selladas por la frustración y la desazón. Se trata de estudiantes que presentan resultados de aprendizaje más bajos que los de zonas urbanas, tienen mayores indicadores de deserción, que además se produce a una edad más temprana, y a nivel general, presentan menores  niveles de escolaridad que los de la población urbana.

Como ocurre con gran parte de chilenas y chilenos, las expectativas sobre la educación y el nivel de escolaridad a alcanzar son en el campo, tan altas como en cualquier otro lugar del país, y la mayoría de los estudiantes desea también, completar estudios superiores. El acceso a la educación, principalmente en el paso a la enseñanza media, se traduce en el deseo de muchos jóvenes, de avanzar más que sus padres. Por otro lado, no es menor que para gran parte de esas familias, el valor de la educación es calibrado como la única herencia que pueden dejar a los hijos.

No obstante, estas expectativas y aspiraciones chocan con el fuerte imaginario presente en el discurso de familias y estudiantes respecto de la distinción entre la educación urbana y rural, en que se reconoce a esta última como de baja calidad y exigencia. Al mismo tiempo, se manifiesta una  auto percepción negativa sobre la preparación con que se egresa y las menores oportunidades que, por tanto, les abren hacia el futuro. Esta apreciación de la calidad de la educación rural que reconocen las familias y los estudiantes, no debe confundirse con una menor satisfacción con sus escuelas. En la enseñanza básica, la elección del establecimiento se lleva a cabo por cercanía y los estudiantes acuden a los establecimientos de sus localidades, a los que asisten como parte de una tradición familiar.  Además, los profesores de estas escuelas, algunos más viejos, otros más jóvenes, ocupan un rol central en el desarrollo de los escolares, otorgándoles afecto, protección y motivándolos a continuar sus estudios.

Las escuelas adquieren así, un valor comunitario y afectivo que debe ser tomado en cuenta al momento de favorecer políticas de cierre y fusión de escuelas, como las que sí han rondado en momentos anteriores el debate sobre el futuro de este tipo de educación.

Cabe notar que, adicionalmente, al pasar a la enseñanza media, los estudiantes y familias de localidades rurales se enfrentan a importantes desafíos. A la sensación de menor autoeficacia y preparación entregada por sus establecimientos, se añade la limitada oferta educativa de liceos en las zonas y comunas de carácter marcadamente rural. Las alternativas que tienen las familias son pocas. En algunos casos carecen de pertinencia, en otros son desvalorizadas por diferentes factores, a lo que se suma la baja información que disponen sobre los liceos de sus comunas y de las vecinas, así como, en gran parte de los casos, las debilidades para distinguir entre la calidad académica de las escuelas.

Ahora bien, cuando peor es la visión de la oferta disponible, mayor es el empuje a migrar hacia otras comunas, donde observan mejores expectativas de acceso oportunidades y educación de calidad. Sin embargo, los costos y la concreción de las aspiraciones de migración a centros urbanos o comunas cercanas solo son factibles para quienes cuentan con los medios para hacerlo, generando desesperanza en quienes no tienen esta posibilidad y deben permanecer en “el” liceo de la comuna que no los convence.

Un segundo tema no menor, tanto cuando se genera el tránsito campo – pueblo como la migración intercomunal, se relaciona con los costos psicosociales que enfrentan los estudiantes al pasar a la media (o cuando finalizan sus escuelas básicas rurales en 6º básico) cuando experimentan la vivencia del internado –cuya oferta y calidad de equipamiento parece ser insuficiente en varios casos-. En esos espacios, los jóvenes resultan escasamente considerados y apoyados en las dificultades del alejamiento familiar y el desarraigo cultural. Esto último cobra especial énfasis en quienes poseen ascendencia o provienen de comunidades indígenas.

Ante la clara persistencia de brechas en los indicadores de calidad y equidad educativos de las zonas rurales, los desafíos y problemáticas adicionales que enfrentan las familias y estudiantes, y la distancia que existe entre sus expectativas y las limitadas posibilidades a futuro, precisan de encarar y debatir una reforma amplia y sustantiva hacia la educación rural. Hoy se hace urgente insertarla y visibilizarla al interior de los debates de política educativa, especialmente cuando los comandos de candidaturas presidenciales se encuentran definiendo las líneas programáticas de sus campañas. Parece ser cada vez más apremiante entonces, generar orientaciones y respuestas que fortalezcan su calidad y permitan que los estudiantes que allí se educan, accedan a similares oportunidades que sus pares de la ciudad, promoviendo de esta manera, la equidad dentro del sistema escolar.

Columna publicada en El Mostrador en abril de 2013

Lo que dicen los jóvenes sin su voto

Aunque puede ser importante, los jóvenes no requieren que se les enseñe a cómo votar o cómo operar en nuestro actual sistema político. Menos aún, aprender a hablar el lenguaje político. Lo que piden es que leamos lo que nos están diciendo sin su voto, y a cómo canalizar sus deseos de participación en un sistema político que sea capaz de escuchar los nuevos giros de su propio idioma.

La alta abstención de las últimas municipales volvió a exponer la compleja relación que existe entre juventud y política. Al garantizar una cobertura del 100% de los mayores de 18 años, se creyó que la ley de inscripción electoral y voto voluntario, rejuvenecería, en la práctica, un universo envejecido de votantes. Sin embargo, esos casi 5 millones de nuevos chilenos y chilenas con derecho a sufragio, nacidos en su mayoría después del plebiscito del ‘88, marcaron poco o nada a la hora de hacer con su potencial electoral, una real diferencia.

Qué está pasando con ellos entonces, es la gran pregunta que ronda entre analistas, expertos y líderes sociales. Si bien estudios cualitativos realizados el primer semestre de este año nos anticiparon algo de tal comportamiento en las urnas, también nos dejaron pistas para aventurar respuestas o hipótesis que podrían desmitificar la idea instalada por varios análisis que sostienen la indiferencia de los jóvenes por participar en política.

Ya lo habían dicho los números. La mayoría de los jóvenes chilenos entre 15 y 29 años sí participa en organizaciones, pero no en aquellas asociadas convencionalmente al mundo adulto con membrecía formal y estructura jerarquizada, sino en agrupaciones más horizontales e informales, con menor deber de “militancia” permanente. 47% en grupos deportivos, 23% en comunidades virtuales, 21% en grupos culturales y 18% en agrupaciones de voluntariado, entre otros (Fuente ENJUV 2010).

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La masiva participación estudiantil de secundarios y universitarios en las marchas del año pasado también es prueba de esa motivación por movilizarse con capacidad de transformación y opinión. Una encuesta que realizáramos unos meses atrás, nos permitió inferir que la mitad de los estudiantes de Enseñanza Media de la Región Metropolitana se hizo parte en alguna marcha o paro estudiantil, un tercio en tomas de establecimientos y otro tanto, participó de la heterogénea gama de acciones de protesta y asociatividad desplegadas. ¿Recuerdan las asambleas, carnavales, flashmobs o besatones? Son distintos reflejos, cada uno en su estilo, del significativo interés juvenil por participar de los asuntos públicos; a veces representando sus demandas, otras, ayudando a su comunidad con acciones sociales o generando espacios de encuentro; o simplemente buscando expresar sus identidades en construcción en el espacio público.

Pero sin embargo no votaron en las municipales y, aunque es probable que las presidenciales convoquen más su interés, no hay ninguna certeza que asistan a las urnas en 2013… ¿Por qué?

Si bien la mayoría de los jóvenes (43%) valora la democracia como sistema de gobierno (ENJUV 2010), existe una opinión negativa que cruza las instituciones sociales. No le creen a los parlamentarios ni al poder judicial ni al gobierno. Su alta desconfianza hacia “los políticos” está asociada a una fuerte sensación de marginalidad respecto a las decisiones que se toman. No son considerados ni escuchados. A una escala menor, no es gratuito que muchos secundarios prefieran organizarse en asambleas en vez de centros de alumnos, por ejemplo.La encuesta a secundarios antes citada, muestra que pese a que un 80% de ellos tienen centro de alumnos en sus establecimientos, sólo un 40% se siente representado y menos de un 20% participa de ellos.

Así, ¿qué podría motivar a un(a) joven a participar de alguna institución tradicional? Claramente la participación político-electoral no ha logrado perfilarse como algo que pudiera cubrir sus expectativas de movilidad social y sentido de pertenencia y acogida. Para ello, qué duda cabe, se requieren cambios institucionales profundos. Y aquí, los mismos jóvenes parecen trazarnos un posible derrotero: es necesario con urgencia desarrollar espacios de formación para la democracia. El vacío en ese ámbito es negativo cuando los jóvenes reconocen recibir abundante información sobre asuntos políticos y de coyuntura en general. Ven televisión, leen en internet y escuchan radio. Información no les falta. Sin embargo, un decidor 80% quisiera recibir mejor educación cívica en la escuela y cerca del 60% piensa que votar podría ser un factor de cambio social. Sin embargo, sólo un tercio conversa de política con su familia y menos del 10% formaría parte de un partido político. ¿El interés por “la” política existe? Sí, el problema parecieran ser “los políticos” y su forma de practicarla.

Aunque puede ser importante, los jóvenes no requieren que se les enseñe a cómo votar o cómo operar en nuestro actual sistema político. Menos aún, aprender a hablar el lenguaje político. Lo que piden es que leamos lo que nos están diciendo sin su voto, y a cómo canalizar sus deseos de participación en un sistema político que sea capaz de escuchar los nuevos giros de su propio idioma.

Por Pablo Morris, sociólogo investigador

Columna publicada en El Mostrador en noviembre de 2012

Talentos Académicos: Tarea pendiente en política pública

“El talento académico es una competencia superior al promedio en una o más áreas de las aptitudes humanas, que se da en forma natural, pero necesita de un contexto de aprendizaje adecuado para crecer y manifestarse”.

Corría el año 2006 y la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, encabezando el quinto aniversario de Programa Educacional para Niños con Talentos Académicos PENTA UC, anunciaba el compromiso del gobierno de la época por brindar más oportunidades a estudiantes con habilidades sobresalientes. “El país requiere no desperdiciar los talentos de su gente si busca crecer y desarrollarse. Nuestros Nerudas y Mistrales, que corren hoy por algún patio de una escuela pública, no se pueden perder porque eso sería no sólo una injusticia, sino también un derroche de recursos y riqueza”, versaban algunas líneas de su discurso.

Si bien la medida lanzada un año después como un fondo especial de becas para talentos a 1.700 escolares de educación básica y media respondió a los ejes programáticos definidos para Educación, también fue señal de la preocupación creciente de las autoridades por el aprovechamiento del capital humano de los estudiantes con habilidades intelectuales superiores.

Desde su genesis, lo que hizo el Programa de Promoción de Talentos Académicos de Escuelas y Liceos del Ministerio de Educación (Mineduc) fue aportar parte o la totalidad del costo asociado a la participación de niñ@s y jóvenes (de 6° Básico a IV Medio) en alguno de los Programas de Promoción del Talento Académico que se desarrollan en universidades del país y que identifican a niñ@s y jóvenes con altas capacidades -la mayoría provenientes de sectores de escasos recursos- de manera de ofrecerles un servicio educacional integral de calidad excepcional, complementario a la experiencia de aprendizaje adquirida en el sistema escolar.

A partir de entonces, el Estado de Chile ha sumado esfuerzos al trabajo que venía haciendo desde 2001 la Universidad Católica -con apoyo de la Fundación Andes- en  la Región Metropolitana, y que dada su relevancia, fue transfiriéndose luego a centros de estudio regionales, como el programa DeLTA en la Universidad Católica del Norte o la Escuela de Talentos de la Universidad Austral.

Tras cinco años, seis universidades son parte del sistema y más de 7.900 estudiantes (2011) de 562 establecimientos han recibido recursos en 70 comunas del país. Sin embargo, hoy el Mineduc está interesado en acceder de forma más exhaustiva a los diseños, modelos de gestión, implementaciones y evaluaciones de estas iniciativas universitarias. Además de conocer el nivel de satisfacción de actores claves del programa -como estudiantes, encargados del programa, jefes UTP, apoderados y sostenedores- en relación al servicio ofrecido, sobre todo en términos del desarrollo de habilidades específicas y proyecciones de futuro.

Con esos propósitos en carpeta y el desafío de comparar la experiencia chilena con iniciativas  internacionales, Asesorías para el Desarrollo inició hace algunas semanas, un estudio financiado por PNUD en el marco de su proyecto de “Apoyo al fortalecimiento de la calidad de la Educación”, que contempla la evaluación del actual programa del Mineduc desde su implementación, pasando por la descripción y análisis de los procesos de selección de los beneficiados, los programas académicos definidos y el grado de satisfacción de los actores, hasta la identificación de buenas prácticas asociadas a los programas de promoción de talentos académicos existentes en nuestro país.

Mediante un modelo que complementa metodologías cuantitativas y cualitativas de recolección de información y la participación de un panel de expertos en temáticas asociadas a Necesidades Educativas Especiales Superiores y Programas de Talentos Académicos, el trabajo de Asesorías para el Desarrollo –en colaboración con Statcom- intentará formular sugerencias que puedan venir a mejorar y enriquecer la oferta de Programas para Talentos Académicos como una estrategia más de consolidación de la calidad académica ofrecida por el actual sistema educativo chileno.

Entrada publicada en enero de 2013

Asesorías para el Desarrollo presente en publicación que rescata aprendizajes de educación municipal en Maipú

Con el fin de compartir los éxitos, problemas y desafíos de la educación municipal en la cuarta comuna con mayor matrícula de estudiantes en la educación pública de la Región Metropolitana y entregar además, claves en materia de política pública educativa para los sostenedores municipales, hace unas semanas, la Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc), lanzó el libro “La Movilización de Maipú: Aprendizajes para una educación pública de calidad”.

Junto con describir y sistematizar las acciones y proyectos que elevaron en los últimos cuatro años los resultados educativos en escuelas y liceos municipales de la comuna, la obra también enfatiza el trabajo del gestor educacional como principal motor para la provisión de una educación pública de calidad. En esa línea, “La Movilización de Maipú” aporta  una mirada externa a través del análisis de 24 académicos e investigadores vinculados a la educación y las políticas públicas.

Entre ellos destacan las reflexiones de Dagmar Raczynski, socióloga investigadora de Asesorías para el Desarrollo y coautora de “La asignatura pendiente. Claves para la revalidación de la educación pública de gestión local en Chile” (2009), quien valora el tránsito que recorrió Maipú para pasar de una lógica de administración de establecimientos “a una de gestión escolar con foco en el plano técnico pedagógico y el aprendizaje integral de todos los estudiantes, diferenciando entre tres pilares de la estrategia: educación garantizada, sello distintivo y gestión al servicio de los aprendizajes”.

En su colaboración, Raczynski reconoce una serie de factores centrales que combinados, habrían contribuido al avance del municipio hacia una gestión efectiva de la educación. En la experiencia de Maipú están presentes una “épica, un objetivo compartido mayor”; claridad en el diseño, implementación y monitoreo; “trabajo participativo y liderazgo compartido a nivel del sostenedor local y sus escuelas”; y finalmente, el respaldo y respeto de la autoridad comunal a la política educacional local y sus prácticas de trabajo.

Cuando los movimientos sociales y ciudadanos del último tiempo, han puesto la preocupación transversal por la educación como un tema país, y los estudiantes no descansan en mantener en el centro del debate sus exigencias por la calidad, la publicación de Codeduc demuestra que es posible mejorar la calidad de la educación pública. A juicio de Raczynski, “la política educativa del país ha tendido a responder y resolver problemas tomando decisiones en el plano normativo-legal e institucional. (Sin embargo), la investigación educativa y la propia experiencia en Chile indican que modificar la normativa y las instituciones no es suficiente para mejorar la calidad de la educación. Si la calidad de los aprendizajes es el norte –no cabe ninguna duda de que lo es– la política debe promover un cambio cultural, esto es, un cambio en las prácticas de trabajo, tras lo cual hay un cambio de creencias, actitudes, expectativas y comportamientos. Este cambio es lento y difícil de conseguir, pero no puede ser excusa para no iniciarlo”.

Con posibilidad de llegar a ser considerado un manual de los sostenedores de la educación en Chile, “La Movilización de Maipú” refuerza su dimensión colectiva con la participación de otros reconocidos académicos, como José Weinstein, Mario Waissbluth, Patricio Felmer o Beatrice Ávalos y el prólogo de Rick Mintrop, experto en desarrollo distrital de educación, profesor, investigador y director del Programa Doctoral en Liderazgo para la Equidad Educacional (LEEP) de la Universidad de California- Berkeley.

Entrada publicada en octubre de 2012

“La movilización de Maipú: Aprendizajes para una educación pública de calidad”
Mirada externa: Agregando valor a la educación pública. Reflexiones a partir de la ruta seguida por Maipú
Dagmar Raczynski
Corporación Municipal de Educación de Maipú
229 páginas, octubre 2012

Nuevos medios y áreas artísticas: El desafío de avanzar en política cultural

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La irrupción de internet, la revolución tecnológica digital y la enorme creación de riqueza ligada a los nuevos medios de comunicación e información, sumados a la masificación acelerada de las redes sociales, han brindado a las industrias creativas una dimensión económica cada vez más ligada al emprendimiento, los negocios, la publicidad y el consumo. Ya no sólo inciden en el desarrollo cultural de un país, también lo están haciendo en las economías de producción de contenidos como la televisión, el cine, los videojuegos, la música o incluso, la prensa y el mundo editorial, donde exhiben un importante potencial de ingresos y generación de empleo a partir del fomento y la explotación de la propiedad intelectual y la prestación de servicios.

Es un hecho que hoy en gran parte del mundo, el sector creativo cultural aparece inseparablemente unido a la industria del entretenimiento, perfilándose como un dinamizador de las economías del nuevo siglo. Aunque en Chile su participación en el PIB no supera todavía el 1,6%, se prevé un impulso relevante dado su perfil de industria moderna, innovadora y no contaminante. Sin embargo, su desarrollo también abre las puertas a la tarea de formular políticas públicas más completas, inclusivas y capaces de atender los desafíos que la dimensión económica de la industria creativa impone en materia de propiedad intelectual, producción  audiovisual o el desarrollo de los nuevos medios en el ámbito educativo, muy especialmente, cuando estos últimos han alcanzado un lugar hegemónico en los modos de producción de sentido y formas de relacionarse entre las personas.

Con el propósito de identificar y describir programas de educación formal y no formal vinculados con los nuevos medios, Asesorías para el Desarrollo inicia un estudio que contempla la realización 17 actividades de trabajo de campo cualitativo en todo el país para distinguir, describir y comparar instancias de formación de los nuevos medios en Chile y sus contenidos educativos. La investigación, encargada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, busca también elaborar recomendaciones y propuestas en torno al diseño de estrategias y la estructuración de contenidos para el desarrollo de los nuevos medios en el ámbito educativo.

Al mismo tiempo, y gracias a la reciente adjudicación de una propuesta licitada por el Departamento de Estudios del mismo Consejo, Asesorías para el Desarrollo realizará un análisis y caracterización de las áreas artísticas y las industrias creativas de cada una de las 15 regiones del país. Mediante talleres regionales, entrevistas y un plan de análisis que tome en cuenta aspectos económicos del impacto de la cultura sobre el desarrollo humano o el empleo, así como sus efectos multiplicadores y arrastre sobre otros sectores, la investigación perseguirá entre otros aspectos, identificar y caracterizar económicamente las disciplinas artísticas regionales más relevantes, establecer una tipología de regiones de acuerdo a su nivel de actividad artística y conocer la percepción de los diversos agentes ligados a la cadena de valor del sector cultural de cada región.

Entrada publicada en octubre de 2012